En los últimos meses muchos legisladores, sobre todo panistas pero con el apoyo de priistas, han propuesto la creación o la modificación de leyes, prohibitivas y atentatorias contra la autonomía personal y los derechos de las mujeres, en especial su derecho a interrumpir el embarazo. Entre estos cambios legislativos destacan las modificaciones de las constituciones estatales de 15 estados de la república, ocurridas durante 2009. Estos cambios, que parecen planeados para impedir que la despenalización del aborto en el Distrito Federal, avalada en agosto de 2008 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se extienda a otros estados de la república, decretan, de manera irracional, que el óvulo fecundado es un ser humano con todos los derechos legales. Veamos algunos ejemplos, tomados de los artículos constitucionales modificados: “Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida (Constituciones de Baja California, Jalisco y Nayarit)”. “La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción (Constituciones de Colima y Morelos)”. Los otros diez estados tienen versiones ligeramente diferentes, con el mismo concepto de que los derechos de las personas existen desde el momento de la fecundación o concepción. Es obvio que estas leyes establecen la prohibición de la interrupción del embarazo en esos estados, en cualquier circunstancia.

El fundamento real de estas modificaciones es sin duda religioso, por más que en algunos estados en la exposición de motivos se aduzcan razones pseudocientíficas, basadas sobre todo en que el cigoto tiene ya el genoma humano completo. En efecto, compárense los textos arriba citados con el primer Principio fundamental establecido por el Vaticano en el documento titulado: Sintesi dell’istruzione dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica a cura della congregazione per la dottrina della FEDE, que fue publicado por internet el 12 de diciembre de 2008, y que a la letra dice: “El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida”. Por si hubiera alguna duda, el Papa Benedicto XVI aprovechó la manifestación multitudinaria que hubo en España en contra del aborto el pasado 17 de octubre para pedir a los 27 gobiernos de la Unión Europea que defiendan “la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”, y en esa línea de pensamiento reprendió a los gobernantes europeos por no hacer lo suficiente “para promocionar los valores cristianos fundamentales”.

En este sentido, es interesante que en otros países en donde abiertamente existe un gran poder de la Iglesia católica en razón de un concordato, como la República Dominicana, también se han realizado modificaciones constitucionales, en este caso federales, muy semejantes a las señaladas arriba. Este es el texto de la propuesta de cambio constitucional en la República Dominicana, que recientemente fue aprobado: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

Me parece que lo anterior pone en evidencia que las creencias religiosas y el mandato papal son determinantes de estas nuevas legislaciones, sobre todo porque se generaron y aprobaron sólo unos meses después de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo en el Distrito Federal por parte de la SCJN y en muy corto tiempo, lo cual es extraño tratándose de cambios constitucionales. En este contexto, vale la pena recordar la reacción del Arzobispado mexicano a la decisión de la SCJN sobre la despenalización del aborto, al tiempo que doblaban las campanas de la Catedral de México por media hora, en señal de duelo: “Contemplamos con pesar el egoísmo y mezquindad humana que defiende la muerte antes de la vida, y por ello elevamos nuestras súplicas mediante la oración y el sonido de las campanas para que, en señal de duelo, luto y penitencia por la matanza indiscriminada de infantes, pidamos perdón a Dios por quienes han promovido, votado y ratificado esta ley asesina”. Es curioso que tres meses después apareció el documento del Vaticano citado arriba, que al poco tiempo se decretaron cambios similares en otros países de Latinoamérica, y que el Papa se exprese públicamente para unirse al movimiento antiabortista en España, todo con enunciados extraordinariamente parecidos.

Mencioné que estas leyes son irracionales. En efecto, ¿es lógico y racional reputar a la célula producto de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, es decir, el cigoto, como ser humano nacido? Si es así, en absolutamente todas las etapas sucesivas del desarrollo ––dos células, cuatro células, mórula, blastocisto, etcétera–– habría que evitar a toda costa su destrucción, pues de lo contrario estaríamos cometiendo homicidios. Así, la primera consecuencia de estos cambios constitucionales es que el aborto en cualquier etapa del desarrollo extra o intrauterino y por cualquier razón será considerado un homicidio, además de que se deberá prohibir, para ser congruentes, la fertilización in vitro y los métodos anticonceptivos como la píldora del día siguiente y el dispositivo intrauterino, así como la investigación con células troncales embrionarias. Otras consecuencias, no las únicas, son las siguientes:

Los cigotos sobrantes de la fertilización in vitro, que son viables en estado de congelación por varios años, serían “personas congeladas” que estarían protegidos por la ley y tendrían derechos de cuidados, atenciones, herencias y otros derechos. ¿Qué hacer entonces con los millones de estas “personas” que ya existen congeladas en todo el mundo? ¿Habría que prohibir la fertilización in vitro o en adelante limitarla a fecundar un solo óvulo aunque esto reduzca las posibilidades de éxito en más de un 50 por ciento?

Numerosos datos de la literatura médica coinciden en señalar que la reproducción humana in vivo, mediante el coito, es muy ineficiente, ya que se pierden, según cifras conservadoras, más del 50 por ciento de los óvulos fecundados, la gran mayoría de ellos en una etapa temprana, antes de que haya síntomas de embarazo y de que la mujer se percate de ello. De acuerdo con las leyes que “reputan como nacido al individuo recién concebido”, el cigoto, la mórula y el blastocisto están bajo la protección de la ley, y su destrucción, así sea involuntaria, debe ser evitada, pues tiene el mismo derecho a la salud que cualquier niño nacido o un adulto. Por lo tanto, la reproducción sexual por los medios habituales representa un problema de salud pública de proporciones inimaginables, a menos que se prohíba la fertilización in vivo al parejo que la fertilización in vitro, pues en ambos casos hay una muy elevada proporción de cigotos sobrantes que morirán prematuramente.

Desgraciadamente, los legisladores no parecen percatarse de las implicaciones y consecuencias de enunciados tan irracionales y anticientíficos como los que han incluido en los nuevos artículos de las constituciones estatales. Pero, se hayan o no percatado, todo indica que la verdadera motivación es imponer los dictados del Vaticano y sus creencias religiosas a toda la población, rompiendo con ello la laicidad del Estado mexicano y por ello atentando contra los derechos de las mujeres y prohibiendo muchas técnicas de reproducción asistida y del cuidado a la salud de las mujeres embarazadas. Es necesario actuar para revertir estas leyes. Como dice el Editorial de la prestigiada revista médica The Lancet del 17 de octubre de este año, titulado “Abortos inseguros: ocho muertes maternas cada hora”: “En los pocos minutos que usted ha tardado en leer este texto, una mujer ha muerto por un aborto inseguro. El tiempo de actuar es ahora.”