Hemos escuchado muchas veces que el agua es un asunto de seguridad nacional, entendiendo por ello que es necesario arreglar los problemas del manejo público del agua. En efecto, como el agua es de propiedad nacional, si la gestión pública tanto del recurso hídrico como de los servicios para usos municipales, industriales y agrícolas es apropiada, la gestión privada normada y vigilada por el Estado también debiera serlo. En este contexto, la gestión apropiada del agua – pública y privada –contribuiría a una mayor seguridad en el país por medio de un mejor nivel de salud, mayor seguridad alimentaria, mejor calidad de vida y mayor productividad de todos.

 Pero hoy quiero afirmar lo contrario: es menester arreglar los problemas de seguridad nacional para poder lograr una gestión adecuada del recurso y de los servicios de agua. A continuación cito algunas situaciones, como ejemplo,  que me han conducido a la anterior reflexión:

 El agua es de propiedad nacional; sin embargo, por la falta de equidad, planeación apropiada y un sistema creíble de rendición de cuentas, son las comunidades más pobres, muchas de ellas ubicadas en donde más abunda el agua, las que más carecen de los servicios básicos de agua , no digamos potable – por lo menos entubada–  así como de saneamiento. Para solucionar este problema, antes se requiere resolver el asunto de equidad social en el país y establecer mecanismos para que la ciudadanía exija a los gobernantes que usen sus impuestos para resolver los problemas del agua, con atención prioritaria a los pobres.

 Muchos de los grandes desastres relacionados con las inundaciones se deben a la corrupción y a la falta de cumplimiento de la ley. Por ello hay grandes extensiones de terreno deforestadas, unidades habitacionales casi siempre ocupadas por clases económicas desfavorecidas  en zonas inundables y muchos otros casos similares por la omisión o complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales. Cumplir y hacer cumplir las leyes es imperativo para proteger muchas vidas, no sólo de las personas que mueren por las inundaciones.

 A pesar de que son múltiples las voces exigiendo en todo el país conocer la potabilidad del agua de la llave, que es un servicio que se presta de acuerdo con el artículo 115 constitucional, pareciera que no hay derecho a acceder a esta información.  Tener acceso a la información pública se requiere no sólo para saber si el agua que llega a nuestras casas se debe tomar o no, sino también para poder vigilar el cumplimiento de las funciones de gobierno.

 Es indispensable contar con una política pública de largo plazo para el agua con objeto de poder asegurar que las generaciones actuales y futuras tengan acceso en cantidad suficiente y calidad apropiada al recurso; a pesar de ello no se ha hecho tal compromiso a nivel federal, estatal ni municipal ni tampoco entre partidos. Sólo se presentan listados de actividades sin decir los cómos o los para qué dejando – de acuerdo con lo que se observa en la práctica – los cómos a las regulaciones de mercado que sin duda son útiles para algunos propósitos, pero no lo son para asegurar la gestión sostenible de los recursos hídricos, ni tampoco la equidad en los servicios de agua. Requerimos una política pública de todo el gobierno basada en acuerdos nacionales para inscribir en ella la respectiva al manejo del agua.

 Para realizar estudios e investigación en el país sobre el tema del agua es menester realizar visitas de campo. Desde lagos hasta desiertos, desde plantas potabilizadoras hasta las depuradoras –frecuentemente colocadas en las lugares marginados en zonas periurbanas que son muy inseguras –  desde campos de cultivos de campesinos muy pobres hasta aquellos donde se siembra amapola y mariguana o cultivos de exportación en latifundios simulados; desde casas muy humildes sin servicios, hasta casas de las personas más ricas de este país. Para transitar en todos estos parajes, los académicos y los estudiantes requerimos seguridad para tomar muestras, hacer análisis y proponer soluciones.

 Por lo anterior, invito a mis colegas de la Academia y en especial a los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología, a que reflexionen si en sus campos ocurre también lo que observo para el caso del agua, es decir que los beneficiados son muy pocos – los de siempre – y que primero se requiere la seguridad para poder hacer nuestra labor. De ser así, los invito a que se sumen a los esfuerzos por recuperar la tranquilidad y paz social mediante el establecimiento de un estado de derecho y de justicia en el país que entre otras cosas, permita que la ciencia y la tecnología avances de manera más rápida. En mi campo, estoy cierta de que de no contar con seguridad no contaremos las mexicanas y los mexicanos con un recurso hídrico que alcance para las generaciones presentes y futuras, entre otras cosas.